Campanario paga la fianza de 12.000 € sin que Jesulín se haya preocupado por su mujer

EFE)-. María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, ha sido puesta en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros impuesta al ser investigada por su presunta implicación en una red de delitos de fraude a la Seguridad Social.

Junto a la mujer del torero, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz) que lleva el caso, ha decretado la libertad de otros ocho detenidos y el ingreso en prisión de uno, al parecer el jefe de una Unidad Médica de Incapacidad, según han adelantado fuentes de la investigación.

Entre los puestos en libertad se encuentran el ex jefe de la Policía local de Prado del Rey (Cádiz), funcionarios, un empresario y tres médicos. Además, una veintena de personas han prestado declaración en el caso ya que al parecer habían abonado alrededor de 24.000 euros para conseguir un certificado de incapacidad laboral.

Jesulín hizo `mutis por el foro´

Campanario comenzó su declaración ante el juez a las 23 horas de ayer y ha sido puesta en libertad poco después de las 3 de la madrugada de este mismo sábado, sin que el torero Jesulín de Ubrique hiciera acto de presencia en los juzgados.

El juez que lleva el caso, ha decretado el secreto del sumario. Por su parte, la Guardia Civil de Cádiz, dentro de la llamada operación `Karlos´ desarrollada en la provincia gaditana, detuvo a un total de diez personas como presuntos autores de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, tras las investigaciones, que comenzaron el pasado octubre.

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08.04.06 14.21

Detenida la Campanario

(Periodista Digital / Europa Press).- La Guardia Civil de Cádiz ha desarrollado una operación contra una trama que se dedicaba a la concesión irregular de incapacidades laborales que ha culminado con la detención de diez personas. Entre los arrestados figura la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, y "una persona afín al PSA que lidera Pedro Pacheco", según fuentes próximas a la investigación.

Los detenidos están acusados como presuntos autores de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

Las investigaciones se iniciaron en el pasado mes de octubre de 2005, después de conocer que podría haber una persona ligada a una trama organizada dedicada a mediante procedimientos ilegales.

Según la nota, tras las primeras averiguaciones, los agentes constataron que esa persona contaba con la connivencia de un médico, que era, presuntamente, el encargado de supervisar las bajas que facilitan los facultativos de atención primaria, así como otros especialistas que facilitaban y supervisaban las bajas médicas.

24.000 euros

Asimismo, los beneficiarios de estas pensiones, "con el objetivo de alcanzar el grado de incapacidad deseada y la consecuente pensión de invalidez", presuntamente abonaban cantidades de dinero que "rondaban los 24.000 euros".

Esta cifra era luego repartida entre los implicados y en el caso de que el beneficiario careciese de dinero:

    "Dicho médico les facilitaba una póliza a través de entidades bancarias que posteriormente eran abonadas una vez concedida la pensión".

Entre los registros practicados, la Guardia Civil intervino varios ordenadores y "abundante" documentación que está siendo investigada aún. La operación sigue abierta y no se descarta que se produzcan más detenciones en las próximas horas.

http://blogs.periodistadigital.com/...a_la_campanario
  




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manolo Escribió: 

Los trabajadores con problemas, son insultados y difamados en el EVI (Equipo de valoracion de incapacidades), mientras responsables directos como se muestra en estas operaciones aisladas son los artifices de la corrupción que existe con el tema de las incapacidades.

  




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Contestaciones humillantes

Cádiz. "Contestaciones humillantes e improcedentes". Así definía Juan Pedro Rodway, presidente de la asociación contra el acoso laboral Agaval, el trato degradante que daba el inspector de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI) Francisco Casto P.L. a los pacientes que acudían a solicitar la baja por mobbing en sus empresas.
El responsable de dicha entidad, que cuenta en la provincia con unos 80 socios, mostró su satisfacción por el desarrollo de la operación Karlos que ha logrado desarticular la trama de médicos y funcionarios que se dedicaban a cobrar 24.000 euros por informes favorables de bajas laborales por invalidez. Esta actuación policial se ha saldado con diez detenidos, entre ellos la mujer de Jesulín de Ubrique, la secretaria de Pedro Pacheco y el inspector de la UMVI, F.Casto P.L., este último el único que se encuentra encarcelado.

"Nos alegramos del descubrimiento de esta trama y de la autoría concreta y la detención del inspector médico, que siendo el garante de la legalidad en la vigilancia de la salud de los pacientes se ha posicionado de forma parcial por el pago de un peaje, manipulando y deteriorando así la salud de cuanta gente necesitaba realmente una incapacidad", dijo Rodway.

El presidente de Agaval también criticó al coordinador de la UMVI, otro inspector médico que, cabe destacar, no está implicado en el caso del fraude médico detectado en la provincia. Sin embrago, desde la citada asociación se pide su dimisión, "no sólo por vergüenza al no haber detectado las irregularidades, sino por ser partícipe de conceder las altas médicas reiteradas a pacientes que han llegado de la asociación Agaval denunciando acoso laboral (mobbing) en sus empresas en verdadero estado de incapacidad para su reincorporación desaconsejada por los especialistas, sin tener valoración objetiva definida por no entrevistar siquiera en algunos casos a los pacientes", asegura Rodway en nombre de la asociación que preside.

A este respecto, incide en que el coordinador no tenía en cuenta los informes que advertían que no era aconsejable que afectados por acoso laboral volvieran a su puesto de trabajo, "produciéndole al paciente un daño mayor y obligándole a acudir a los juzgados en impugnación de esas altas médicas sistemáticas".

El trato del inspector encarcelado y del coordinador de la UMVI han sido motivo de quejas por parte de asociados de Agaval, según su presidente. "En algunos casos atendían a personas con acoso laboral con la punta del pie, algo que afectaba de manera especial a estos pacientes por el hecho de que atraviesan un delicado y bajo estado anímico".

Por ello, esta entidad considera inconcebible cómo el inspector detenido era tan duro e implacable con casos relacionados con el mobbing y, luego, se descubra que presuntamente cobraba, junto a otros implicados, cuatro millones de las desaparecidas pesetas por dar su visto bueno a informes médicos de bajas por incapacidad.

"Queremos denunciar públicamente el trato personal que en algunas ocasiones desde dicha unidad médica y concretamente desde el coordinador de la misma y desde el inspector detenido se les ha dado a varios socios de Agaval, impidiéndoles su manifestación o irrumpiéndola cuando se hablaba de acoso psicológico en la empresa con contestaciones improcedentes y humillantes", apunta Juan Pedro Rodway, quien adelantó que solicitará una investigación "más exhaustiva para detectar posibles responsabilidades compartidas en tantas irregularidades y el alcance que deba tener la omisión de frenar cuantas actitudes sinvergüenzas se han dado en un tema tan peliagudo como es el decidir la incapacidad o el reingreso de un trabajador a su puesto de trabajo por el susodicho peaje".

Desde Agaval se quiso dejar claro que este caso de fraude no debe salpicar a otros profesionales de la UMVI que realizan honestamente su trabajo.

Fuente: www.diariodejerez.com
  




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