JURISDICCIÓN CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA[b](Trabajadores de la Administración Pública, principalmente funcionarios) La acción sería por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública con base en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 139 LRJ-PAC: "

   1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

   2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

   3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.

   4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial."

Artículo 6 del Reglamento de Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial RD 429/1993 de 26 de marzo:

   1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la reclamación se dirigirá al órgano competente y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 70 de la LRJ-PAC. En la reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

   2. Si se admite la reclamación por el órgano competente, el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites y se podrá acordar la acumulación de la reclamación a otro procedimiento con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procede recurso alguno.

DEMANDA de vulneración de Derechos Fundamentales. Nos remitimos a lo dicho en la jurisdicción laboral únicamente con la salvedad de seguir el procedimiento establecido en la Ley de Jurisdiccional Contenciosa Administrativa, concretamente en los arts 114 al 122 Y siguientes de la misma.
  




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Jurisprudencia

- STS Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de 23 de julio de 2001, RJ 2001/8027, que resuelve el recurso de casación número 3715/1997, interpuesto contra la sentencia del TSJ en Extremadura (Sala Contenciosa Administrativa) de 20 de febrero de 1997, en base a una reclamación hecha por el trabajador por responsabilidad de las Administraciones Públicas. Indemnización por daños y perjuicios provocados por la conducta del Ayuntamiento respecto de un funcionario calificada de acoso moral. Esta sentencia reconoce el derecho del funcionario a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados por una Administración que le ha estado acosando psicológicamente de forma persistente y continuada.

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que reconoció una indemnización a un funcionario del ayuntamiento de Coria por acoso psicológico en el trabajo.

- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 28 de febrero de 2002. Indemnización de daños materiales y morales por conducta negligente omisiva de la Administración. Trata sobre el acoso laboral permanente sufrido por un Letrado del Consejo Consultivo de Canarias, ocasionándole inseguridad, falta de confianza y estado de ansiedad. En la demanda el actor pedía que se declarase contrario a derecho el acuerdo en el que se denegaba la solicitud de daños y perjuicios. La sentencia resuelve indemnizando por daños materiales y morales ocasionados por la conducta de acoso psicológico por parte de la Administración.

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