Entra en vigor la Convención de la ONU sobre la Discapacidad

Este sábado, 3 de mayo, ha entrado en vigor la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los países adheridos a ella a prohibir la discriminación basada en las discapacidades y a garantizar igual protección de la norma para todos. El Gobierno español ratificó en Nueva York el pasado 3 de diciembre este tratado internacional, el primero que reconoce los derechos de un colectivo de aproximadamente 650 millones de personas en el mundo.
# Un total de veinticinco países han ratificado la convención, según los últimos datos de Naciones Unidas
# El Cermi ha pedido al Ejecutivo que presente a alguna persona del mundo asociativo para que forme parte del Comité de Seguimiento
# La ministra Cabrera ha animado a las empresas a que contraten a personas con discapacidad

REDACCIÓN. El objetivo de esta convención, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, es "elaborar detalladamente los derechos de las personas con discapacidades y establecer un código de aplicación", según afirmó en su día el embajador neozelandés Don MacKay, presidente del Comité Especial que negoció el texto.

En virtud de este texto, los países que se unan a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en el documento y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

Hasta el momento 25 países, entre ellos España, la han ratificado. Entre los últimos que se han sumado son Filipinas, Egipto y Honduras. Esto significa que será vinculante en los 127 países que la habían firmado (de los que 103 aún no la habían ratificado aún) que deberán adaptar sus leyes conforme a los artículos del tratado.

El Gobierno español ratificó el texto que ha entrado en vigor el pasado día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El primero en hacerlo fue Jamaica y tras la ratificación número 20, de Ecuador el pasado 3 de abril, el tratado ha conseguido el número de miembros necesario para su vigencia.

Unos 650 millones de personas, que representan aproximadamente el 10% de la población mundial, tienen discapacidad, y el 80% viven en los países menos desarrollados, mientras que dos tercios de los países miembros de la ONU no contaban hasta ahora con ninguna protección legal para estar personas. En nuestro país el colectivo agrupa a cerca de cuatro millones de personas.

"Es un momento histórico en nuestro esfuerzo para conseguir garantizar los derechos humanos de todas las personas y crear una sociedad plenamente inclusiva", destacó Marie Okabe, la portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

"La convención constituirá una poderosa herramienta para erradicar los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad", añadió Okabe, refiriéndose a la discriminación, la segregación social, la marginación económica y la falta de oportunidades para la participación en los procesos de toma decisión a los que se enfrenta este colectivo.

El próximo 12 de mayo tendrá lugar en la sede de la Asamblea General de la ONU en Nueva York una ceremonia especial para celebrar la entrada en vigor del tratado, en la que participarán varios Gobiernos, agencias de Naciones Unidas y miembros de la sociedad civil.

REPRESENTANTE ESPAÑOL

Como forma de implicar a España aún más en la convención, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha propuesto al Gobierno que presente la candidatura de alguna persona española procedente del mundo asociativo y con acreditada trayectoria en derechos humanos y discapacidad para formar parte del Comité de Seguimiento, órgano encargado de vigilar la aplicación y cumplimiento de los mandatos del tratado.

CABRERA PIDE IMPLICACIÓN A LAS EMPRESAS

Ante la entrada en vigor de la convención, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha instado a la empresa privada a "seguir el ejemplo" del sector público en la contratación de personas con discapacidad.

En un comunicado, destaca que el 7% de los empleados que se incorporan a la Administración General del Estado son personas con discapacidad "plenamente competentes para desarrollar su trabajo y, por tanto, para contribuir como cualquier otro al desarrollo y al bienestar de todos". "Esperamos que esto, que ya sucede en la Administración, suceda pronto en la empresa privada", añade.

Se trata del primer tratado internacional que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, "y lo hace en el marco del derecho internacional, con fuerza para reflejarse en las diversas legislaciones nacionales", concluye la ministra.

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