Liberan a 91 inmigrantes en Navarra que eran esclavizados y vivían en situación miserable
El empresario pagaba 6 euros a la hora pero los intermediarios les daban 10 por semana
La operación más importante contra la explotación laboral en Navarra se saldó ayer con la detención de 17 personas y con la ‘‘liberación’’ de 91 inmigrantes que trabajaban como esclavos, con sueldos de 10 a 15 euros a la semana y viviendo en condiciones penosas, prácticamente como indigentes. Un dispositivo de la Guardia Civil llevado a cabo en diferentes localidades del sur de la Comunidad Foral destapó esta trama que mantenía en un «régimen de esclavitud encubierta» a 91 obreros, todos ellos portugueses salvo ocho españoles, dos angoleños, un mozambiqueño y un polaco.
Según las investigaciones, los 17 detenidos (en Arguedas, Milagro, Tudela, Valtierra y Cintruénigo) eran patronos que captaban a los trabajadores fundamentalmente en estaciones de transporte público y albergues de Lisboa y Oporto, y que también se apoderaban del salario de los explotados.
Esto lo hacían bien acompañando a los trabajadores para que éstos sacaran en su presencia el dinero, que ellos se quedaban en su totalidad, o bien obligando a los trabajadores a firmar en el reverso de los cheques, autorizando al patrón a retirar su importe de la entidad bancaria correspondiente. Por supuesto no había contratos ni tampoco estaban dados de alta en la Seguridad Social.
El delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, aseguró que cuando el empresario final pagaba 6 euros por hora trabajada (9 diarias, con un intermedio de una para comer, de lunes a sábado), el patrón o intermediario sólo dejaba a los trabajadores con entre 10 y 15 euros a la semana, más el alojamiento, la comida y también un cartón de tabaco. Esto supone que el patrón se quedaba con más de 300 euros a la semana por trabajador explotado, que además carecía de contratos ni de Seguridad Social.
«Para no emborracharse»
«En el colmo de la desfachatez y de la inmoralidad, algunos patronos llegaron a comunicar a los explotados que no les daban más dinero para que no se emborrachasen o porque los costes de manutención y vivienda eran superiores a sus ingresos por las tareas del campo», incidió Ripa.
Los imputados son siete empresarios (uno de ellos también detenido) de Tudela (2), Olite (2), Murchante, Fitero y Valtierra, de quienes Ripa evitó dar más datos «en esta fase procesal», ya que ahora deberá comprobarse si estaban al tanto de que el dinero que pagaban no llegaba en su totalidad a los trabajadores. En todo caso, Ripa dijo que la imputación se debe a que «en algunos casos las propias sociedades han ingresado en la cuenta bancaria del patrón o empleador-intermediario el dinero generado en sueldos por los trabajadores, lo cual acredita la colaboración indubitada del empresario, un hecho del que se tenían abundantes indicios pero nunca pruebas fehacientes como en este caso».
Trece de los 17 arrestados son lusos mientras que los otros cuatro son españoles (una mujer natural de Cintruénigo y tres varones nacidos en Barcelona, Gijón y Ágreda, en Soria), todos de entre 22 y 63 años, y tres de ellos mujeres.
Las detenciones se produjeron en las localidades de Arguedas (9), Milagro (3), Tudela (2), Valtierra (2) y Cintruénigo (1). Ripa hizo ayer un llamamiento «a las autoridades y vecinos de esta zona de la Ribera de Navarra a compartir con las Fuerzas de Seguridad del Estado cualquier sospecha, por nimia que sea, para combatir esta auténtica lacra social de la explotación laboral, si bien se mostró «absolutamente seguro» de que la sociedad ribera «bajo ningún concepto quiere mirar hacia otro lado».
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La Ribera de Navarra, un escenario cotidiano de prácticas de explotación «intolerables»
HACINADOS en una nave agrícola, sin pasaporte, sin dinero... la película de los hechos se repite peligrosamente. Hace dos años, quince inmigrantes denunciaron haber estado retenidos por su empleador en Milagro. Este empresario les imponía sanciones de 40 euros si no acudían al trabajo, les maltrataba físicamente y retenía sus documentos de identidad. La Ribera de Navarra, una zona donde se requiere gran mano de obra para atender los cultivos, sigue siendo escenario preferente de estas prácticas «alienantes, intolerables e indignantes», según denunció ayer el delegado del Gobierno, Vicente Ripa. Y es que el trabajo en el sector agrícola tiene unas condiciones de temporalidad muy específicas.
Los quince afectados de Milagro, trabajadores inmigrantes del sector agrario, fueron captados por un vecino de Tudela, quien actuaba como intermediario ofreciendo mano de obra para otros empleadores. Los inmigrantes, la mayoría de ellos rumanos, trabajaban por dos euros a la hora, todos los días excepto el domingo.
Se encontraban hacinados en un almacén agrícola anexo a la vivienda del empresario de Milagro, en el que carecían de las condiciones de habitabilidad o higiene mínimas. El almacén contaba con dos habitaciones, una para 8 personas y otra para 7, con una ducha y un baño para todos, un «trozo de espejo» y un «comedor sin ventilación». En el mismo lugar el empresario guardaba productos químicos, herramientas del campo y trastos. «En el almacén había mucha humedad, no teníamos calefacción, hablábamos con él pero no hacía nada», relató uno de los afectados. El ‘‘explotador’’ retenía la documentación de los trabajadores para que no pudieran buscar otro trabajo y los cambiaba por pasaportes portugueses manipulados fraudulentamente para hacerlos pasar por ciudadanos comunitarios.
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Hacían sus necesidades en plena calle
ADEMÁS de ser víctimas de un robo de proporciones mayúsculas ya que no recibían el 90% de su salario, los 91 trabajadores vivían en una situación miserable. De hecho, debían realizar sus necesidades en la vía pública ya que la residencia facilitada por los patronos carecía de aseo. Además les mantenían «en condiciones de semi-indigencia, con una sola vestimenta, la misma que utilizaban en las labores del campo». El retrato-robot de estos trabajadores responde al de personas con un profundo desarraigo social, una cultura ínfima (cuando no directamente analfabetos funcionales) y, en muchos casos, víctimas de problemas de índole familiar, según explicaron ayer fuentes policiales.
El miedo a lo desconocido y la introvertida personalidad de los empleados, provocó que además fueran reacios a la intervención policial. «Incluso hay alguno que se considera hasta protegido. Se aprovechan de su forma de ser y él incluso cree que le están haciendo un favor cuando en realidad le están explotando», lamentó ayer el coronel jefe de la Guardia Civil, Luis Iglesias. En todo caso, incidió en que esta ocasión, y para «evitar que esto quede en nada» se han conseguido «pruebas preconstituidas» que permitirán que ante una posible ausencia de las víctimas en el juicio oral, se dé valor a su declaración actual. C. L.
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