Lalo Pavón
Los tribunales acaban de condenar a casi una década de inhabilitación al alcalde de Castro Dozón por acoso laboral a una funcionaria. La demandante llega a este punto con una treintena de sentencias favorables previas y aunque cabe recurso ante instancias superiores, colocan al regidor en situación insostenible. En lo personal tiene derecho a defender su inocencia, pero a estas alturas políticamente resulta inasumible que pueda seguir en su puesto.
El condenado se siente perseguido, aunque no se sabe muy bien por quién, porque si lo es por la funcionaria que le ha demandado, el argumento resulta endeble, por dura que sea esta mujer, claramente en inferioridad frente a la autoridad de la que está investido el alcalde.
En los lamentos también ha deslizado Adolfo Campos, que así se llama el hombre, la decepción con Ana Lois ya que cuando entró a trabajar, él mismo la habría promovido sobre otras aspirantes, con lo que se deduce que si no ha cometido una ilegalidad, al menos ha sido injusto. Es decir, cuantos más argumentos suelta, más empeora la percepción de su actitud vista desde fuera.
Una cosa sorprende sobremanera al ver al alcalde de Dozón en el papel de víctima. ¿Cómo es posible que teniendo razón no haya sido capaz en nueve años de convencer a la Justicia de que la razón está de su parte y en cambio haya ido coleccionando pronunciamientos contrarios a sus argumentos? El caso de Dozón es espectacular, pero no único. En la provincia de Ourense fue famosa una situación parecida que protagonizó el entonces alcalde de Trives y hoy en la oposición.
Entre las cosas a aclarar en la legislación debería figurar la de obligar a pagar del propio peto pleitos sostenidos de forma contumaz, digan lo que digan los jueces, sólo porque quien pone los dineros es Juan Pueblo.
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