La Xunta interviene para amparar a una trabajadora con 33 sentencias de acoso laboral a su favor

La Comisión de Sanidad y Empleo de la Xunta de Galicia aprobó hoy una proposición no de ley, a instancias del grupo del BNG, que le permitirá intervenir en el caso de una trabajadora del ayuntamiento pontevedrés de Dozón, ante el evidente acoso que sufre por parte del alcalde (PP) desde hace siete años. La trabajadora cuenta con 33 sentencias judiciales que le dan la razón en sus demandas, 20 de las cuales incluyen el reconocimiento judicial de que en el origen del acoso sufrido está la decisión de la empleada de concurrir a las elecciones como candidata del BNG.

En la proposición, apoyada por los grupos socialista y nacionalista, se insta al Gobierno autónomo a 'adoptar cuantas medidas estén a su alcance para concluir, de forma inmediata, con el asedio moral de que es objeto la trabajadora por parte del alcalde de Dozón y militante del PP'. Se invita también a la Xunta a personarse como acusación particular en los procesos aún en curso.

Según expuso el diputado nacionalista Fernando Blanco, el acoso comenzó en 1999 y, a pesar de las sucesivas sentencias condenatorias de tipo contencioso-administrativo, penal y social, el alcalde 'sigue recluyendo a la trabajadora, actualmente de baja, en un espacio de dos metros cuadrados, en un sótano sin luz natural, sin calefacción en invierno, sin ordenador, sin asignarle trabajo alguno y con la orden expresa a los demás empleados del Ayuntamiento de no dirigirse a ella'.

El ponente subrayó también que tanto la Xunta de Fraga como el PP prefirieron siempre 'mirar para otro lado' y mantuvieron al condenado como alcalde y candidato del PP.

La Comisión rechazó, con los mismos votos, una enmienda del PP que pretendía una resolución que incluía una referencia genérica a cualquier trabajador en el ámbito de la Administración en toda Galicia.

actualidad.terra.es
  




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El juez inhabilita al alcalde de Dozón durante nueve años por prevaricación

El regidor recurrirá la sentencia, que le absuelve del delito de lesiones contra una funcionaria

SALOMÉ SOUTELO / DOZÓN El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha condenado al alcalde de Dozón, Adolfo Campos, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público al entender que el regidor cometió un delito de prevaricación. La sentencia de la sala se conoce apenas un mes después de que se celebrase el juicio por presunto acoso laboral contra una de las funcionarias del Concello, Ana Lois Navaza. No obstante, el fallo absuelve a Campos de los delitos de lesiones, contra la integridad moral y contra los derechos de los trabajadores, que le imputaba la también representante sindical de la CIG en el ayuntamiento dezano.

La sentencia discierne bastante de la solicitud de la acusación particular -en la que se pedían 10 años de inhabilitación, 5 de cárcel y una indemnización de 230.000 euros-, y se acerca a la absolución propuesta por la Fiscalía, que no veía claro que existiese un acoso laboral con clara intencionalidad por parte de Campos.

El regidor, del PP, ya ha anunciado que presentará un recurso contra la sentencia. "No me siento culpable. Estoy pagando las consecuencias de un romance fallido entre Ana Lois y el secretario del Concello", espetó.
Esta cuestión ha sido siempre, según Campos, la causa de la polémica surgida con Navaza, y no el hecho, asegura, de que se se presentase en las listas municipales del BNG y en las elecciones sindicales con la CIG.

La polémica entre Adolfo Campos y Ana Lois Navaza surgió en 1999, después de que ésta ocupase el undécimo lugar en la lista del BNG a las elecciones municipales y de que, posteriormente, fuese elegida como representante sindical de la CIG. A partir de entonces da comienzo un presunto acoso laboral, por parte del alcalde, en el que se contemplan hasta siete cambios de horario en ocho meses, suspensión de empleo y sueldo durante un año y medio o el traslado a una sala incomunicada, según relata la demandante, quien interpuso por estos hechos una querella criminal en 2001, y cuyo resultado es, precisamente, la sentencia del Juzgado de lo Penal dada a conocer ayer.

Hasta la fecha ha habido, sin embargo, otros fallos acatados de desigual manera. Se contabilizan hasta 33 sentencias, de las que la más reciente -dictada en junio de 2006- obliga al alcalde de Dozón a pagar el 50% de las bajas de Navaza entre agosto de 1999 y febrero de 2002, causadas por depresiones y estrés y que han provocado que la funcionaria sufra, además, menopausia precoz. Desde hace diez años, han sido 894 las jornadas en las que esta trabajadora ha causado baja.

http://www.farodevigo.es/secciones/...ato-funcionaria
  




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